Cristóbal Montoro informa al presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, de la medida, de la que se podrán beneficiar múltiples colectivos, entre ellos, asociaciones de vecinos.

 La medida tendrá efectos desde el 1 de enero de 2015 con el objeto de aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a asociaciones de menor entidad

26 de febrero de 2015.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha recibido hoy al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna.

En el transcurso de la reunión, el ministro ha informado al presidente de la FEMP de la próxima aprobación de una disposición normativa para excluir de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a colectivos de menor entidad.

Ello beneficiará a múltiples colectivos, entre ellos, asociaciones de vecinos y otros entes de carácter municipal, que cuentan con recursos personales y materiales limitados para atender las exigencias formales tributarias.

Concretamente, la disposición que se aprobará en breve en Consejo de Ministros establecerá la exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen los 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

Esta modificación entrará en vigor para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2015. El objetivo es aliviar del cumplimiento de obligaciones formales a las entidades de menor entidad.

Anuncio en el Senado

La reforma del Impuesto de Sociedades, que entró en vigor en enero, ha establecido como novedad la obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades a todo tipo de asociaciones, sin ningún tipo de límites.

El ministro ya destacó en el Pleno del Senado del pasado 10 de febrero que esta medida se introdujo con el ánimo de “mejorar el control tributario” del impuesto. A la vez, Montoro avanzó en la Cámara Alta que el Gobierno estaba estudiando establecer límites más reducidos que los contemplados hasta ese momento, para no perjudicar el desarrollo de su actividad a aquellas entidades con recursos más reducidos.

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